Orientar y concentrar la acción
del gobierno, la inversión pública y las actuaciones particulares hacia la consecución
de los fines de sostenibilidad ambiental, equidad social, eficiencia económica y
convivencia social, relacionados con el reordenamiento del territorio, para lo cual se
adoptan las siguientes políticas de largo plazo:
- Espacializar las decisiones de ordenamiento y articularlas a la programación de la
inversión pública.
- Planificar integralmente el desarrollo urbano superando la normativa urbanística como
único instrumento guía de la construcción del territorio.
- Recuperar la dimensión de lo público, como guía principal en la construcción de la
ciudad, asegurando su apropiación por parte de los ciudadanos.
- Definir los patrones de distribución de la población en el territorio y prever las
acciones para su adecuada habilitación y equipamiento.
- Mejorar la calidad ambiental, creando nuevos lugares de esparcimiento y devolviéndole
la ciudad al peatón.
- Fortalecer el Centro Metropolitano, ubicando allí las actividades de primera
jerarquía.
- Adelantar proyectos de renovación y de aprovechamiento de los vacíos existentes en el
suelo urbano, para generar vivienda, infraestructura y equipamientos conducentes a
revitalizar la ciudad construida.
- Asegurar la preservación del patrimonio construido para que sea posible su disfrute
como bien cultural.
- Consolidar la estructura urbana existente, protegiendo las áreas residenciales y
privilegiando el barrio como unidad social básica.
- Incorporar los suelos de expansión mediante Planes Parciales y Actuaciones
Urbanísticas, generando segmentos completos de ciudad.
- Aprovechar las zonas de actividad comercial para crear o consolidar centralidades, de
manera que ordenen el territorio y acerquen el empleo y los servicios a las comunidades.
- Construir una estructura urbana capaz de dar respuesta a la gradación de problemas que
afectan la ciudad, para lo cual se establecen 4 escalas de manejo: La metropolitana, la
urbana, la zonal y la vecinal.
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